* Diario La Reforma, el diario de la pampa | El TIP confirmó la condena a los docentes del JIN de 25 de Mayo por abusos sexuales
| 20 mayo, 2017

El TIP confirmó la condena a los docentes del JIN de 25 de Mayo por abusos sexuales

En la mañana de ayer la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, conformada por los jueces Mauricio Piombi y Fernando Rivarola, confirmó en un todo la sentencia del Tribunal de Audiencia contra los cuatro docentes que fueran condenados a distintas penas de prisión por los abusos sexuales contra alumnos del JIN Nº 12 de la localidad de 25 de Mayo.

 

Los recursos de impugnación habían sido presentados por el fiscal general de la III Circunscripción Judicial, Jorge Marcelo Amado, y el fiscal de General Acha, Juan Bautista Méndez, en representación del Ministerio Público Fiscal; el querellante particular Armando Agüero en nombre de padres de cinco víctimas, en su condición de querellante particular, al asumir como fiscal general de la II Circunscripción fue reemplazado en por José Mario Aguerrido; César Augusto Rodríguez , en su condición de defensor particular del imputado Oscar Aníbal López; y Omar Eduardo Gebruers y Alejandra Lezcano López, como defensores particulares de los otros acusados, Marcelo Tatavitto Roade, María José Tello y Gabriela Angélica Bastías.

En concreto, el Tribunal de Impugnación Penal no hizo lugar a ninguno de los recursos que fueran presentados por las partes, confirmando la pena que impusiera el 1 de febrero pasado, el Tribunal de Audiencia de la Primera Circunscripción Judicial, conformado por los jueces Gastón Boulenaz, Andrés Olié y Gabriel Tedín.

Este tribunal condenó a Marcelo Tatavitto Roade a 18 años de prisión por la autoría de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber provocado un grave daño en la salud mental de un menor, abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de otro niño y por su participación en el abuso sexual gravemente ultrajante de un tercer menor. Las víctimas fueron tres alumnos de cuatro años del Jardín de Infantes de Infantes Nº 12.

También impuso penas condenatorias a María José Tello, a tres años y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación especial para desempeñar cualquier cargo público, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en relación con los hechos que tuvieron como víctimas a esos alumnos.

Además el tribunal le impuso a Oscar Aníbal López, por la autoría del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de uno de esos tres alumnos la pena de siete años de prisión; y a Gabriela Angélica Bastías también siete años por abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de ese mismo niño.

La cuestión del fallo filtrado

El voto inicial del tribunal fue emitido por el juez Mauricio Piombi, al que adhirió su colega Fernando Rivarola. El primer punto abordado fue el recurso de la defensa de Marcelo Tatavitto Roade, María José Tello y Gabriela Bastías, por el que se planteó la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia de Juicio, alegando que la resolución cuestionada fue conocida por el abogado Omar Gebruers con 36 días de antelación a la fecha fijada para su lectura.

La defensa explicó en su recurso que el 10 de enero de 2017, el bogado Omar Gebruers recibió en su domicilio particular un archivo digital contenido en un CD con lo que finalmente resultaría el texto completo del fallo dictado por el Tribunal el 1 de febrero pasado. Y agregó que evidentemente los jueces de la Audiencia de Juicio ya habían adoptado y redactado su sentencia condenatoria con anterioridad al cierre del debate oral, en perjuicio de los imputados, dejándose de lado las etapas pertinentes, a efectos de arribar a una sentencia válida y justa, sin actuar con la imparcialidad exigida por la ley. “Ello pone de manifiesto que no actuaron con imparcialidad, sino que adoptaron desde el inicio del debate una posición negativa respecto de sus defendidos”, cuestionó la defensa.

El abogado César Rodríguez, defensor de Oscar Aníbal López, planteó también la nulidad de la sentencia “por haberse violado el principio de imparcialidad por el conocimiento anticipado que ha tenido el defensor de los restantes imputados”.

Como respuesta a este planteo, Piombi aclaró que “sin lugar a dudas la divulgación de un borrador de una sentencia no resulta una cuestión menor, precisa de una minuciosa investigación en relación a la comisión del delito de acceso indebido a un sistema o datos informático vulnerando la concreta información en este caso de datos secretos; pues la reserva protege fundamentalmente la situación de personas con relación a un crimen, la identidad de niños y víctimas de delito”.

“Entiendo que cuando suceden cuestiones de esta índole, más allá de determinar quién y cómo obtuvo el borrador, la investigación debe dilucidar el por qué. Debiendo establecer la intención última y fijar responsabilidades de quienes resulten autores del delito”, expuso.

El magistrado indicó que el debate comenzó el 23 de noviembre de 2016 y en esa misma fecha culminaron los alegatos de apertura y comenzó la producción probatoria. El 16 de diciembre culminó la producción probatoria. Los alegatos de clausura fueron el 22 de diciembre y la lectura de la sentencia fue el 1 de febrero de 2017. Remarcó que “el acto de lectura de la sentencia se fija a los efectos de cumplir con la publicidad de la sentencia como acto de gobierno”.

Sin embargo, aclaró que “ello no va de la mano con la necesidad de que el o los Magistrados deban tomar la decisión del caso en idéntica fecha en la cual se concretará la lectura el fallo. Nada impide que, una vez que comenzó la deliberación, se efectúe su redacción, se decida y hasta se firme con anterioridad a su lectura. En concreto más allá de que la sentencia se haya leído el 1 de febrero, la decisión a la que se arribara y su concreción pudo ser tomada con anterioridad”.

“He de concluir -expuso -, que se ha cumplido en el presente legajo con el trámite correspondiente a la lectura de la sentencia de manera regular, puesto que en nada afecta que el fallo hubiera estado redactado, concluido con anterioridad al 1 de febrero de 2017 y que este sea idéntico al que precisamente se firmó ese día”.

“Respecto de la filtración del borrador de la sentencia, que en copia tiene la defensa, indicaría según esa parte que el fallo se habría elaborado el 27 de diciembre, un día hábil posterior a la audiencia de alegatos”. Por esto los defensores infieren que resultaba materialmente imposible su realización en ese término y que por lo tanto ya se encontraba redactada la sentencia condenatoria con anterioridad a la fecha de cierre del debate oral.

Piombi al respecto consideró que el 27 de diciembre ya se encontraba el tribunal en período de deliberación y en condiciones de dictar sentencia puesto que el debate se había cerrado el 22, “por lo que no se vislumbra cual sería el vicio de existir un borrador con la opinión del juez preopinante”. Además agregó que “escapa a todo sentido común, la exigencia de que el proyecto de resolución deba ser totalmente escrito recién cuando se finalice con los alegatos, como expone la defensa”.

Dejó en claro que “no existe la posibilidad material que los jueces en un sistema procesal acusatorio pueda fundar su sentencia sino es mediante la prueba que de manera regular se incorpora durante el debate, por exclusiva iniciativa de las partes y bajo su control ¿Cómo puede un juez afirmar en una sentencia lo que el testigo dijo, si no lo escuchó en el juicio oral?”, planteó.

Además, afirmó que “sin perjuicio del resultado que arroje la investigación en torno a la filtración de un borrador de una sentencia, lo concreto es que el día 16 de diciembre se había concluido con la presentación de los elementos de prueba en el debate y el 22 del mismo mes se efectuaron los alegatos correspondientes. Por lo que nada impide que los jueces hayan deliberado en torno al tema y que existiera un borrador de resolución para el día 27. Ello, más aun, teniendo presente que es indudable que los magistrados reflexionan sobre la prueba que han conocido día tras día durante el debate”.

“Creo de mayor interés dejar totalmente claro que la alegada parcialidad en el proceder de los Magistrados no es tal y, fundamentalmente, que es totalmente imprudente la defensa al afirmar la existencia de predisposición de los jueces de audiencia al momento de sentenciar, la que se vería reflejada mediante el dictado de una sentencia aun antes de haber terminado el juicio”.

Agregó en ese sentido que “no solo es imprudente, sino temerario de su parte al afirmarlo, si de alguna manera se puede describir su accionar, sustentado en esa hipótesis, pues sin lugar a dudas la divulgación de un borrador de una sentencia no resulta una cuestión menor, sino que es un delito que debía ser investigado”.

Esa investigación de hecho está en marcha, pero el magistrado mencionó una serie de circunstancias de la misma, entre ellas, según la resolución del MPF, que “se verificó que el Juez Andrés Olié se avocó a la redacción de la sentencia desde el mismo día 22 de diciembre de 2016”.

Conducta reñida con la ética

Párrafos más adelante, Piombi expresa en su voto que “a esta altura, no puedo más que reprochar la conducta de la defensa (en referencia al abogado Gebruers) de no poner de inmediato en conocimiento de la judicatura la supuesta copia de la sentencia que fuera recepcionada en su domicilio particular, conforme su relato y posibilitar el esclarecimiento de un delito que en definitiva a esta altura impide conocer cuál era su motivación”.

“Lo cierto es que esa conducta de la defensa, reñida con la ética, no permitió el esclarecimiento de un hecho que afecta de manera grave la vulneración de la concreta información de datos secretos”, dijo, y agregó que “la reserva -en este caso- protege fundamentalmente la situación de personas con relación a un crimen, la identidad de niños y víctimas de delito e impidió fijar responsabilidades de quienes resulten sus autores, deviniendo esta conducta muy próxima a otro delito, como lo es el de encubrimiento”.

En concreto, Piombi rechazó el planteo considerando que “no existe dato que permita acreditar que se llegara a la decisión definitiva del caso, previo a comenzarse con la deliberación, sin haber escuchado las argumentaciones de las partes en los alegatos de clausura. No observo el incumplimiento de las etapas procesales, y no encuentro asidero alguno para afirmar como lo efectúa la defensa que los jueces adoptaron ‘desde el inicio del debate una posición negativa respecto de nuestros defendidos’”.

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