* Diario La Reforma, el diario de la pampa | Haberes jubilatorios injustos
| 18 septiembre, 2016

Haberes jubilatorios injustos

Colaboración Luis Ernesto Roldán

Es sabido que nuestra actual provincia de La Pampa fue un Territorio Nacional hasta el año 1951. Recién el 4 de junio del año 1952 se promulgó la Constitución de la entonces provincia Eva Perón, la que en su artículo Nº 19 de la misma reconoció e incorporó en toda su amplitud el capítulo que había introducido la reforma de la Constitución Nacional del año 1949 respecto a los Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura.

1.- Caja de Previsión Social

El primer beneficio jubilatorio fue otorgado el año 1956 al señor Policarpo Martínez de la localidad de General Acha. Vale recordar que durante los primeros gobiernos propios, de la década de 1950 se fueron creando nuevos organismos provinciales dependientes de la administración pública y que engrosaron la cantidad de aportantes. Como ejemplo citamos la Policía Provincial, Vialidad Provincial, la Universidad Provincial y la Educación Provincial. El 1º de abril de 1964 el Dr. Ismael Amit informa que desde el 12 de octubre a la fecha se han otorgado seis nuevos beneficios jubilatorios, que con los anteriormente concedidos, suman ciento cinco prestaciones y cuarenta y ocho pensiones. A eso agrega seguidamente que ‘Las relaciones entre la Caja de Previsión Social y el Banco de La Pampa han vuelto a su normal desenvolvimiento y tiene depósitos por 130 millones de pesos, lo que significa un importante aporte a la cartera de la institución bancaria, con el consiguiente beneficio para la actividad económica provincial. Asimismo se contempla la construcción del edificio propio y la inversión de importantes sumas en plantaciones forestales que permitan mantener el valor adquisitivo de los fondos aportados por los jubilados.‘

2.- Transferencia de Servicios Nacionales

El gobierno de facto del ‘proceso de reorganización‘ transfirió los servicios de educación de nivel primario y salud el año 1978, sin ninguna partida presupuestaria que compensara el desequilibrio por los futuros jubilados, ni por las diferencias salariales. El año 1989 con el estallido de la hiperinflación, las reservas sufrieron una merma considerable, como también con la crisis de la convertibilidad en el 2001.

El año 1993 se produjo la transferencia de los servicios de educación secundaria y de nivel terciario. Producto de la política nacional de privatizaciones, el gobierno nacional de aquel entonces, presiona a la provincia de La Pampa para que transfiera su Instituto de Seguridad Social como también su Banco Provincial, a la que el gobierno de la provincia venía resistiendo. El Estado Nacional puso en marcha el sistema de Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Cavallo se fue, después que Norma Plá lo hiciese llorar por la tremenda insensibilidad de la que fue víctima ella y los de su generación.

3.- Ley de Emergencia Previsional

Las autoridades para evitar la transferencia deciden hacer un estudio actuarial con los expertos que venían asesorando, de cuyo resultado surge un proyecto de ley que regiría durante cuatro años. Pero los sucesivos gobiernos prorrogaron el plazo de vigencia de la emergencia, hasta que en el año 2010 como consecuencia de los reclamos de los jubilados, muchos de los cuales habían iniciado juicio al Estado, sancionó la ley 2587. Por el artículo 3º de dicha norma se estableció:‘ El haber mensual inicial de las jubilaciones ordinarias, por invalidez y especial por ceguera, resultará de aplicar el setenta y cinco por ciento (75%) al promedio de las remuneraciones actualizadas sujetas a aportes de los diez (10) últimos años de trabajo, continuos o discontinuos anteriores al cese.‘

Hay que recordar que la ley 1671 de emergencia aumentó la edad jubilatoria para ambos sexos, tanto para el personal civil como docente. Se incrementó además los años de servicio con aporte. A partir de ese momento a los 10 años se le incrementaba un año más para establecer el promedio del haber. Con lo cual se llegó a un promedio de 24 años, lo que perjudicó enormemente a los que se jubilaron en esos años.

4.- Jubilados misma situación, haberes distintos

La situación en la que se encuentran actualmente esos jubilados, a los que se les aplicó la base ampliada, es muy injusta, porque los que se jubilaron después del año 2010 tienen haberes calculados con el sistema de los 10 años promedio que restableció la ley 2587. En cambio quienes se jubilaron antes, tienen haberes calculados con un promedio mucho mayor, lo que significa un ingreso real menor.

Los jubilados de las cajas civil y docente, que arrastran esta injusta situación se han nucleado y vienen luchando hace años por conseguir se les reconozca el derecho a la equiparación de los haberes jubilatorios, por eso demandan su urgente recalculo.

Lamentablemente los jubilados no son responsables de las crisis de la economía nacional, ni de los cambios en las políticas previsionales, que los perjudican. Al contrario, además de esos perjuicios generales que han sufrido todos los trabajadores activos y pasivos, se le suma esta irritante discriminación negativa.

Es sabido que los sistemas previsionales maduran con el transcurso de las décadas, pero es el propio Estado el que ha contribuido a desfinanciarlos o a complicar su estabilidad por el uso de las sumas no remunerativas o incluyendo a beneficiarios que no han cumplido estrictamente con los requisitos que exigen las normas.

Por otro lado también los jubilados son los perjudicados por la mala praxis de las inversiones que se realizan con las reservas de las cajas de jubilaciones.

Pero lo más contradictorio es, que a pesar del esfuerzo mayúsculo, rayando en el sacrificio que ha realizado este grupo de jubilados reclamantes de la equiparación, ha servido de poco, porque de los 20 años de horizonte de las reservas en 1995, se ha llegado al 2016 donde, según se ha expuesto públicamente por los responsables de la administración del Instituto de Seguridad Social, que las reservas podrían agotarse dentro de dos o tres años.

Todo es comprensible, nadie desconoce la legitimidad del reclamo, pero el poncho no aparece. Las Cajas Nacionales han sido vaciadas una y otras vez en los últimos sesenta años y los jubilados han sido siempre la variable de ajuste, pero esta vez la cosa es más compleja porque la inflación de la canasta familiar, el incremento de las tarifas de gas y electricidad, el aumento de los medicamentos y las obras sociales que cada vez reconocen menos prestaciones e incrementan los coseguros, hace que a la vida compleja se agregue el recorte de los ingresos. Pese a todo, la agrupación que los nuclea tiene esperanzas en el diálogo y la solución política del tema que los afecta profundamente.

Como decía don Arturo Jauretche ‘o es para todos la cobija, o es para todos el invierno‘.

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