Diario La Reforma, el diario de la pampa | Los Arcos Vidaurreta dijo que él solo notificaba las cesantías de profesores, pero que no eran su decisión
| 27 julio, 2018

Los Arcos Vidaurreta dijo que él solo notificaba las cesantías de profesores, pero que no eran su decisión

Agencia Santa Rosa – Se desarrolló la última audiencia de esta semana del juicio contra ex militares y ex policías imputados por delitos de lesa humanidad, jornada en la que declararon en entre otros, el ex juez federal Jesús Los Arcos Vidaurreta, quien tras la intervención de la Universidad ocupó la secretaría académica, cargo que sostuvo por unos meses después del golpe de Estado.

En su declaración el testigo dijo desconocer los motivos de las detenciones de varios profesores, y si bien admitió que él era el encargado de notificar a los docentes prescindidos, o cesanteados, aclaró que no eran decisiones que tomara él.

Ayer se realizó una nueva audiencia del juicio oral y público que desde el pasado 29 de agosto se desarrolla en al Colegio de Abogados de la provincia, y que tiene como imputados a ex militares y ex policías -en este momento 14 de los 18 originalmente acusados-, por delitos de lesa humanidad cometidos durante los meses previos al golpe de Estado y durante los años del proceso.

Exsecretario académico

El primer testigo de la jornada fue el ex juez federal Jesús Daniel Los Arcos Vidaurreta, quien en los ‘70 era profesor de la Universidad Nacional de La Pampa (1974/2014). Dio clases en la Facultad de Ciencias Económicas. Sobre las detenciones en la UTN, en 1975, dijo que leyó en la prensa lo ocurrido, pero indicó que ‘no tengo ni idea’.

En el período de intervención de la Universidad ocupó la oficina administrativa y luego, tras el golpe militar, siguió por un tiempo más, y si bien le ofrecieron permanecer en ese cargo de secretario académico de la Facultad, no aceptó, por lo que siguió solo como profesor.

Dijo que fue designado por el entonces rector Jorge Bragulat, y cuando se le consultó si sabía qué había sucedido con esta persona y con otros profesores, en los meses de noviembre y diciembre de 1975 cuando varios de ellos fueron detenidos ilegalmente y algunos torturados, el testigo no brindó una respuesta concreta sobre ese tema.

En otro tramo de su declaración afirmó que como estaba al frente del despacho administrativo, notificó a, entre otros, el profesor Julio Colombato de la resolución de su prescindencia, pero aclaró que estas no eran decisiones que tomara él, sino que solo las notificaba. “Yo no tenía facultades para decidir estas cosas”, aclaró respecto a las cesantías de sus pares.

El testigo no brindó demasiados datos en sus respuestas, esto aduciendo el paso del tiempo y también en su afán de ser ‘prudente’ en sus dichos y para no aseverar cosas que fueran incorrectas.

Cuando se le consultó qué vinculación tenía en esos años la Universidad, y él en su rol en la Facultad, con la Subzona 14, Vidaurreta graficó su respuesta indicando: ‘como el tocino con la velocidad’, evidenciando que ninguna.

Teniendo en cuenta que el 20 por ciento de las víctimas de la represión ilegal fueron de la comunidad educativa y de la Universidad, el fiscal Miguel Palazzani le preguntó: “¿Cómo era la dinámica institucional entre las autoridades militares y la universidad?”. “Institucionalmente eran otros tiempos, el clima fue variando con los momentos políticos, pero yo no tuve ninguna participación protagónica ni nada por el estilo”, dijo.

Afirmó que de las detenciones de profesores él se enteraba por la prensa o por los comentarios. Más adelante, y siempre respondiendo a las preguntas de Palazzani, evidenció que las razones políticas podrían haber influido para esas detenciones. Negó, también, según su conocimiento, que en la universidad haya habido tareas de inteligencia de personal civil. No lo descartó, pero dijo no conocer concretamente si la hubo.

Relato del expolicía

Clemente Puhl fue el segundo testigo de la jornada de ayer y al inicio de su declaración dijo que conoció un hecho vinculado con una menor de edad, que identificó como Mabel Ponce, que tuvo un hijo que le fue quitado y entregado a un militar. Por comentarios después supo que ese militar era Greppi (uno de los imputados en este juicio) aunque luego aclaró que se trataba de otro militar, Carlos Sabattini.

Uno de los querellantes pidió que se convoque a declarar a Mabel Ponce, teniendo en cuenta la gravedad de lo relatado por Puhl. La fiscalía adhirió al planteo, no así las defensas de los imputados.

Relató que en 1976 ingresó a la policía, fuerza en la que permaneció 18 años, en distintos destinos. Contó que un tal Velázquez, de la Seccional Tercera, ingresaba gente detenida por la Subzona 14 para interrogar, pero que él y otros policías no podían participar ni conocer detalles de lo que ocurría en esos interrogatorios, por órdenes de sus superiores.

Una vez, contó, sintieron gritos que salían de una de las dependencias de la Seccional, por lo que se asomaron y vieron a una persona con las manos esposadas y con una bolsa de nylon en la cabeza, que le ponían para apagar los gritos, según dijo. “Nosotros no sabíamos quiénes eran las personas que llevaban para interrogar”, afirmó.

Profesor detenido ilegalmente

El tercer testigo, en este caso víctima, fue Alfredo Argentino César, quien declaró a través de videoconferencia desde Ciudad de México. Dijo que en agosto del año 1975 fue detenido cuando trabajaba en la Universidad nacional de La Pampa, en el Instituto de Estudios Regionales junto a Hugo Chumbita (otro detenido y torturado).

“Fui detenido sin ningún tipo de acusación. Jamás se me dio ningún motivo, hasta el 11 de diciembre (de 1975) que salí del país”. Evidenció que como estudió en Chile y trabajó con los sectores mineros en la concientización del proceso en marcha durante el gobierno de Salvador Allende, eso pudo haber sido un motivo para que los militares lo detuvieran como un enemigo del sistema de ese momento. “Yo no era militante de ningún sector”, aclaró.

Relató que estuvo detenido en la Jefatura de Policía de Santa Rosa, unos cinco días, luego trasladado a Buenos Aires, en tren y esposado, y finalmente en avión de línea fue llevado a la cárcel de Chaco. “Jamás me interrogaron sobre nada”, dijo. En este último penal estuvo en un pabellón donde la mayoría eran Montoneros.

El 6 de diciembre de ese año, fue trasladado a Buenos Aires -y junto a su mujer y su hija- abordado en un avión con destino a México, exiliado. Allí fue recibido por amigos que habían compartido con él estudios en la FLACSO en Chile, por lo que pudo encontrar trabajo casi inmediatamente en aquel país.

“Eramos conscientes de que algo iba a pasar, por la situación de inseguridad que se vivía”, dijo, sobre aquellos tiempos previos al golpe militar.

Consultado sobre qué significó que se pusiera fin al trabajo Instituto de Estudios Regionales, a partir de la persecución y las detenciones de profesores, indicó que “fue un golpe fuerte, porque fue la destrucción de una universidad emergente. Hubo gente muy importante y gente que luego sobresalió en distintas partes del mundo en sus disciplinas. Más allá de los derechos humanos está el tema de la cultura, cuando se destroza un espacio como este, es un golpe muy duro para la sociedad”, expresó.

“Pese a los años que han pasado es muy importante que haya justicia respecto a estos procesos infrahumanos que han ocurrido”, dijo el testigo al finalizar su declaración.

Otro testigo

Luego de la videoconferencia se presentó el testigo Jorge Alberto Podestá, quien relató que fue detenido en octubre del ‘81, durante una volanteada de Franja Morada en la UNLPam contra los aranceles universitarios. Contó que era integrante del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas -que funcionaba en la clandestinidad-.

Tras la detención fue llevado al Juzgado Federal donde fue indagado sobre la actividad que desarrollaba (volanteada), teniendo en cuenta que por esos años había una prohibición de este tipo de actos públicos. Fue liberado y con los años sobreseído en esa causa.

El testigo sostuvo que fueron denunciados por las autoridades universitarias, de lo contrario la policía no se hubiera enterado de esa volanteada. Antonio ‘Pacheco’ Berhongaray y Manuel Baladrón, presentaron habeas corpus por los detenidos.

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