MARTES 21 de Mayo de 2024
 
 
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Erradicarán el “playón judicial” del barrio Carlos Berg 

El Municipio alcanzó un convenio de colaboración con el STJ

La intendenta de esta ciudad, Fernanda Alonso, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, José Sappa, encabezaron el lunes por la mañana la firma de un convenio a través del cual se avanzará en la relocalización de numerosos vehículos secuestrados en un playón judicial del barrio Carlos Berg.

La actividad tuvo lugar a las 11:00 horas en la sala de reuniones de la intendencia local, y también fueron partícipes el ministro del STJ Fabricio Lossi, y los funcionarios municipales Nicolás Mendoza y Pablo Gandino.

Tras la firma de la documentación, los presentes brindaron una conferencia de prensa, marco en el cual la intendenta Alonso valoró que gracias al convenio se concretará una importante acción en la ciudad con la “relocalización del playón judicial”, lo que mejorará las condiciones ambientales de un amplio predio del barrio Carlos Berg, del cual ya se quitó el refugio canino.

“Lo tomo como parte de nuestra agenda, porque entendíamos que esto no podía seguir dentro de la ciudad, frente a un vecindario. Además ese espacio es la punta de un bosque de eucaliptos que tenemos en el barrio Carlos Berg”, apuntó.

“La idea es mejorar ese espacio, un pulmón verde que hay que cuidar, que los vecinos utilizan como lugar de recreación y ocio. Hablamos de un espacio verde recuperado en pos de preservar nuestro ambiente”, remarcó.

La jefa comunal advirtió que “quizás en el futuro también haya que pensar en la relocalización de nuestro Corralón Municipal”, que alberga a numerosos vehículos, dentro de ellos maquinaria pesada que transita por zona poblada.

El nuevo playón judicial se ubicará en un predio que será cedido al STJ por la Cooperativa Corpico, que se encuentra ubicado en la zona sur de la ciudad, precisamente en cercanías del lugar donde funciona la segunda Planta de Transferencia de Residuos, a la vera de la Avenida Juan La Gioiosa, entre las rotondas Perón y El Aeroplano.

Compactación y relocalización

Sappa explicó que desde hace años se busca definir “cómo compactamos los vehículos, en una primera etapa, y en otra cómo relocalizar los que no van a ser desguazados en principio”.

“Ahora viene una etapa procedimental por parte del Poder Judicial, que ya está muy avanzada, y seguramente comenzaremos la semana que viene con la segunda parte de la relocalización”, añadió.

Muchos vehículos

A su turno Lossi ilustró que General Pico cuenta en el playón judicial con “muchos vehículos” alcanzados por el convenio “especialmente moto vehículos y de muchos años”.

Asimismo observó que años atrás “no había una Ley que permitía la reutilización de los vehículos secuestrados, como sí hay ahora, lo que está dando mucha utilidad al evitar que estén durante mucho tiempo hacinados en un predio, sino que ahora se reutilizan a través de organismos oficiales o de entidades de bien público, a las cuales las deriva en toda la provincia el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con las Fiscalías Generales” de las distintas circunscripciones pampeanas.

Lossi consideró que “cada vez será menor la acumulación con esta posibilidad de relocalización y porque hay un seguimiento más constante para darle de baja y no dejar transcurrir el plazo como ha ocurrido acá, donde todavía hay vehículos desde el viejo sistema de los Juzgados de Instrucción”.

El ministro añadió que el tiempo transcurrido entre el secuestro y la relocalización del vehículo “depende de las resoluciones de las causas” e ilustró que puede ser “al final, con una sentencia firme; por salidas alternativas como una Probation; o también porque van a archivo por carecer los rodados con datos esenciales” como es presentar números limados en el motor y/o chasis.

Vehículos decomisados

El convenio rubricado ayer fue aprobado días atrás en el Concejo Deliberante local, se trata de un modelo de colaboración, con vigencia durante dos años, con el objetivo de llevar a cabo -por intermedio de la Municipalidad- la destrucción, descontaminación, compactación y disposición final de las chatarras y vehículos decomisados en el marco de la Ley Provincial Nº 3135. 

El proyecto que se envió al cuerpo deliberativo piquense estableció la necesidad de contar con esta herramienta, teniendo en cuenta que “el estado de colapso de la playa judicial, proveniente de los vehículos secuestrados en procedimientos regulados por las leyes Nº 2287 y Nº 3192, ocasionan un problema ambiental y social para la comunidad”.

 

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